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Guía SEO: Fiscalización DGI y BPS en Uruguay para Profesionales

En Uruguay, las fiscalizaciones de DGI y BPS son uno de los mayores focos de riesgo para estudios contables y empresas. La normativa clave incluye el Código Tributario (Decreto-Ley 14.306), la Ley 18.083 (reforma tributaria) y la IGTSS (Ley 16.713 y decretos reglamentarios). Esta guía SEO explica el proceso de auditoría, los plazos de prescripción, los derechos del contribuyente y cómo preparar una defensa técnica sólida ante un requerimiento formal.

1. Marco Normativo: DGI, BPS e IGTSS

La DGI actúa bajo el Código Tributario (arts. 68-76) con facultades de verificación, fiscalización e investigación. El BPS, por su parte, se rige por la Ley 16.713 y la IGTSS en materia de seguridad social. La IGTSS (Impuesto a las Grandes Transacciones) está regulada por la Ley 19.210 y su decreto reglamentario 150/007, que establece obligaciones formales y de acreditación. Para profesionales, es clave conocer que el BPS puede fiscalizar aportes patronales y personales con base en la Ley 18.083 para IRAE y la propia IGTSS, que grava la circulación de bienes y servicios. El incumplimiento de la IGTSS genera responsabilidad solidaria del contribuyente y del agente de retención.

2. Proceso de Fiscalización: Etapas y Plazos

La fiscalización comienza con una notificación de inspección (vista de documentos) o un requerimiento de información. La DGI tiene 5 años para prescribir (art. 27 del Código Tributario), pero en casos de omisión intencional se extiende a 10 años. El BPS, según la Ley 16.713, tiene un plazo de prescripción de 5 años para reclamar diferencias de aportes. Durante la auditoría, el fiscal puede solicitar libros, comprobantes, estados bancarios y acceso a sistemas informáticos (art. 71 CT). Es fundamental responder dentro de los 15 días hábiles (prorrogables) y documentar cada entrega. La falta de respuesta puede derivar en una determinación de oficio sobre base presunta, lo que incrementa las sanciones.

3. Derechos del Contribuyente y Defensa Técnica

El contribuyente en Uruguay tiene derecho a ser asistido por un contador o abogado durante todo el procedimiento (art. 68 CT). Puede solicitar vistas del expediente, presentar descargos y ofrecer pruebas. En fiscalizaciones de IGTSS, la DGI puede imponer multas del 100% al 300% del tributo omitido (art. 94 CT) si no se colabora. La defensa técnica incluye verificar que el fiscal respete los plazos de la vista (art. 80 CT) y que las notificaciones sean válidas. Además, el Decreto 150/007 exige que la DGI fundamente técnicamente cualquier ajuste por IGTSS, especialmente en operaciones con no residentes. Un error común es no impugnar la resolución en tiempo (20 días hábiles ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo).

4. Estrategias de Compliance y Preparación Preventiva

Para minimizar riesgos, los estudios deben implementar un archivo fiscal ordenado: libros diario e inventario rubricados, facturación electrónica (CFE) y conciliaciones bancarias mensuales. En IGTSS, es crítico verificar la correcta liquidación del impuesto en operaciones de importación y exportación de servicios (Ley 19.210). La DGI prioriza auditorías a empresas con diferencias entre IVA declarado y compras, o con pérdidas recurrentes. Recomendamos realizar un pre-compliance con checklist de la IGTSS y del BPS: presentación de nóminas, aportes al día y certificados de no adeudar. Si recibís una inspección, no destruyas documentos y respondé con un escrito formal citando las normas. La proactividad reduce multas y evita la clausura del establecimiento (art. 102 CT).

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Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si no respondo a un requerimiento de la DGI en Uruguay?

Si no respondés en el plazo (generalmente 15 días hábiles), la DGI puede iniciar una determinación de oficio sobre base presunta, aplicando multas del 100% al 300% del tributo omitido (art. 94 CT). Además, se presume la veracidad de los datos del fiscal. Siempre es mejor presentar una respuesta parcial que silencio.

¿La IGTSS se fiscaliza junto con IRAE o es un proceso separado?

La IGTSS (Ley 19.210) es fiscalizada por DGI dentro del mismo procedimiento que IRae/IVA, ya que comparte base imponible. Sin embargo, el BPS no interviene en IGTSS. La DGI puede cruzar datos con BPS, pero son tributos distintos. La prescripción para IGTSS es de 5 años según el Código Tributario.

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