Protección de Datos en Argentina: Guía Legal para Profesionales
La protección de datos personales en Argentina exige a los profesionales del derecho dominar un entramado normativo que va más allá de la Ley 25.326. La interacción con la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), el Decreto 911/96 sobre higiene y seguridad, y las obligaciones ante AFIP crean escenarios de alta complejidad. Esta guía técnica aborda los puntos críticos para asesorar a empresas y empleadores, evitando sanciones y litigios por uso indebido de información.
1. Marco Normativo: Ley 25.326 y su Reglamentación
La Ley 25.326 (modificada por Ley 26.343) es la columna vertebral del habeas data. Para el profesional, es vital distinguir entre datos personales, sensibles (art. 2°: origen racial, salud, convicciones) y públicos. El Decreto Reglamentario 1558/2001 establece el consentimiento previo, escrito y revocable (art. 5°). En el ámbito laboral, el art. 3° de la 25.326 permite el tratamiento sin consentimiento cuando es necesaria para la relación contractual (LCT). Sin embargo, la recolección de datos biométricos o de salud (ej. exámenes pre-ocupacionales) exige estricto cumplimiento del Decreto 911/96 en su Anexo I, que regula la confidencialidad de los informes médicos.
2. Intersección con LCT y Decreto 911/96 en el Empleo
El art. 8° de la LCT impone al empleador el deber de protección y confidencialidad de los datos del trabajador. El Decreto 911/96 (Reglamentario de la Ley 19.587) en su Anexo I, art. 2.3, exige que los servicios de medicina laboral mantengan reserva absoluta sobre los exámenes médicos. Un error común es utilizar información de salud para decisiones disciplinarias o de despido (art. 242 LCT), lo que configura discriminación (Ley 23.592). El profesional debe auditar que las planillas de antecedentes de salud no circulen en la empresa, y que el acceso a datos sensibles esté restringido al personal autorizado por la Ley 25.326.
3. Obligaciones ante AFIP: Intercambio de Información
AFIP, como organismo recaudador, exige la presentación de datos personales de empleados mediante regímenes de información (ej. Libro de Sueldos Digital, Registro de Altas y Bajas - art. 9° Ley 11.683). La Ley 25.326, art. 11, autoriza la cesión de datos a organismos públicos cuando es por mandato legal. El desafío profesional es garantizar que la transferencia a AFIP no viole el principio de finalidad (art. 4°). Por ejemplo, el envío de certificados médicos para justificar ausencias debe ser anonimizado en su contenido, remitiendo solo la constancia, no el diagnóstico. La Resolución AFIP 1415/2009 y complementarias regulan el régimen de datos; su incumplimiento genera multas y clausuras.
4. Riesgos Legales, Sanciones y Buenas Prácticas
Las infracciones a la Ley 25.326 pueden derivar en sanciones administrativas de la AAIP (Dirección Nacional de Protección de Datos) que van desde el apercibimiento hasta multas de hasta $1.000.000 (Ley 25.326 art. 31). A nivel laboral, el uso indebido de datos puede configurar daño moral (art. 1078 Código Civil - vigente) o daño directo (art. 1743 CCyC). El profesional debe implementar un Registro de Tratamiento de Datos, políticas de privacidad internas que cumplan con el art. 6° de la LCT (deber de buena fe), y cláusulas contractuales específicas para procesadores de datos. La auditoría periódica de accesos y la capacitación del personal son obligatorias para mitigar responsabilidad.
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¿Puede un empleador solicitar el certificado de antecedentes penales a un postulante sin violar la Ley 25.326?
Sí, pero con límites. La Ley 25.326 no prohíbe la solicitud, pero el art. 3° del Decreto 1558/2001 exige que sea proporcional al puesto. En Argentina, la jurisprudencia ha avalado su requerimiento solo para tareas sensibles (manejo de fondos, menores). Debe obtenerse consentimiento escrito y no guardarse copia en legajo personal si no se contrata al candidato, conforme al principio de finalidad (art. 4°). La LCT (art. 252) no regula esto, por lo que se aplica la normativa de datos.
¿Qué debe hacer una empresa ante un pedido de informe de la AFIP que incluya datos médicos de empleados?
AFIP no tiene facultad para requerir diagnósticos médicos. La Resolución General 1415/2009 solo exige la constancia de ausencia (art. 208 LCT). La empresa debe remitir la información mínima necesaria, sin revelar el diagnóstico, amparándose en el art. 2° de la Ley 25.326 (dato sensible). Si AFIP insiste, se debe solicitar una intervención formal de la AAIP o impugnar el requerimiento mediante el art. 32 de la Ley 25.326. El Decreto 911/96 (Anexo I) prohíbe expresamente la difusión de datos de salud a terceros no autorizados.
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